CARACAS (AP) — El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, instó el miércoles al gobierno de Venezuela a desarrollar un plan sólido para abordar el hambre y la desnutrición que afectan a su población y cuestionó que los programas sociales creados sean susceptibles al “clientelismo” político.
Fakhri encomió al gobierno del presidente Nicolás Maduro “por sus programas de apoyo a los pequeños productores locales”, pero al final de una visita de 14 días por varias partes del país dijo a los periodistas que no se han abordado las razones de fondo.
Dijo que los programas sociales creados en respuesta a la grave escasez de alimentos se han transformado en “donaciones caritativas”.
Sobre la entrega de productos alimenticios básicos a 7,5 millones de familias venezolanas, el relator indicó que “el CLAP tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación”.
En otro punto de su intervención, describió que “las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, tales como reducir el tamaño de las porciones, saltarse comidas y comprar alimentos menos nutritivos”.
Fakhri dijo a los periodistas que durante su visita comprobó “de primera mano cómo las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas han limitado la capacidad presupuestaria del gobierno para aplicar sus programas de protección social y prestar servicios públicos básicos”. Y, afirmó el relator, su impacto lo han sentido desproporcionadamente los pobres.
“Pido a todos los Estados pertinentes que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela”, concluyó.
El gobierno de Maduro ha denunciado las sanciones económicas, pero el relator de la ONU también afirmó que no son la única causa de la desnutrición. La corrupción, la falta de transparencia y la falta de aplicación de la legislación existente también han influido.
La compleja crisis social, económica y política de Venezuela ha llevado a más de 7,4 millones de personas a migrar y empujado a millones más a la pobreza. La inseguridad alimentaria ha sido un factor decisivo para muchos migrantes.
La visita de Fakhri se produce mientras la prolongada crisis de Venezuela continúa evolucionando. Atrás quedaron los estantes vacíos de las tiendas de comestibles que marcaron los primeros años de la compleja crisis de Venezuela. Hoy, las tiendas venden variedades de aceites de oliva e incluso helados importados. Los problemas de suministro han sido reemplazados por problemas de accesibilidad.
Los trabajadores del sector público en promedio devengan un salario mínimo de alrededor de 3,60 dólares, más bonos de unos 100 dólares al mes, mientras que en el sector privado el salario en promedio ronda los 200 dólares mensuales. Ninguno de los dos alcanza para comprar comida para una familia de cuatro.
Al mismo tiempo, la gente, especialmente en las zonas rurales, debe hacer frente al racionamiento de gasolina, carreteras en malas condiciones y otros desafíos de transporte que limitan su capacidad para llegar su producción a los mercados, tiendas de comestibles y otros suministros de alimentos.
“La mejor apuesta de Venezuela es empoderar a los campesinos, pescadores, pastores, ganaderos, agricultores urbanos y peri urbanos, especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Fakhri. “Eso no sólo mejorará la soberanía alimentaria, sino que también mejorará los medios de vida locales”.
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